Resp:. Log:. José Hilario López No. 20
Pues ella, su búsqueda debe ser tenida en cuenta en los diferentes temas que se han escogido para las conversaciones que hoy se adelantan. Así, en el primero de ellos, “Política de desarrollo agrario integral”, un recuento y análisis de lo que ha sido el tratamiento que se ha dado a la tierra en nuestro país, nos muestra una situación que dista mucho de nuestro lema de Igualdad entre los seres humanos que nos encontramos en este territorio, como parte del universo mundo.
Desde la época de la conquista mediante el sistema de las “encomiendas” dictadas desde los palacios europeos, se adjudicaban, sin haberlos ganado ni merecido, terrenos muy extensos, con todos los seres vivientes que en ellos habitaban, que pasaban a ser propiedad y sirvientes del nuevo dueño y señor. Esta costumbre contribuyó en gran medida a forjar el espíritu nacional al respecto. Las leyes y reglamentaciones posteriores se inspiraron y mantuvieron en ese espíritu de posesión de tierra como manifestación y símbolo de poder económico, político y social. Por ello la propiedad y posesión de tierras sigue siendo ese símbolo de status que nos lleva a unas aberraciones muy grandes en la vida social del país.
Colombia no se ha podido liberar de la cultura del país agrario y mientras en países desarrollados hay un 5% de población ligada al campo, en este país hemos llegado con esfuerzos cerca de un 40% de población rural, con todos los costos y desventajas que ello acarrea. El campesino agricultor sigue sin poderse liberar de la pobreza e ignorancia que le impiden realizarse como persona y aspirar a progresar en su beneficio o de sus familiares y de su patria; se cierra una vez más el perverso círculo de la pobreza insalvable.
La historia muy documentada de nuestra vida republicana está llena de los abusos cometidos por las clases más pudientes y poderosas. La servidumbre y sumisión a que se han visto sometidos aquellos que eran tratados como siervos de la gleba. La explotación del trabajo mal remunerado de quienes producen y el enriquecimiento de los propietarios de los terrenos, ha servido para perpetuar un estado de desigualdad social, económica y espiritual que sólo perjuicios puede producir a la patria.
Mientras en los países desarrollados se presenta el problema del despoblamiento del campo, de tanta significación que no se quiere heredar la calidad del cultivador, en Colombia todavía la posesión de la tierra es un índice del poder económico y político. Los cientos de miles de hectáreas arrebatadas por la guerrilla, las millones de hectáreas de que han sido desposeídos sus propietarios (generalmente pequeños propietarios) a manos de los paramilitares en unión con los interesados en conservar y aumentar sus posesiones, símbolo de poderío con un síntoma preocupante de la persistencia de un estado de cosas, de una cultura, que no conviene al país.
Esta costumbre ancestral de la propiedad y posesión de la tierra ha sido muy notoria en los últimos siglos. Personalmente tuve la oportunidad de observar hace 50 años la persistencia de la violencia luego de la tregua partidista de 1957, en aquellos sitios donde había interés marcado en hacerse a las tierras productoras en ese entonces de nuestro monocultivo y motor de la economía, el café. El testaferrato, la intervención corrupta de los influyentes y de algunas autoridades hicieron posible la persistencia de la violencia, mejor del bandolerismo, como mecanismo de expoliación de las tierras y el crecimiento de bienes y poder mal habidos.
Se ha intentado sin éxito cambiar esta mentalidad y cultura: la Ley 200 de 1936 consagró que la propiedad es una función social que implica obligaciones. El Estado garantiza los derechos de los propietarios y sus tierras, pero a su vez ellos tienen la obligación de tenerlas adecuadamente explotadas, so pena de la extinción del dominio en caso contrario. La ley 135 de 1961 dotó al Estado de poder y herramientas para cumplir tal mandato. Se estableció el Instituto Colombiano de Reforma Agraria INCORA como herramienta para impulsar el cambio. Dotar a los campesinos hasta entonces desposeídos de tierras cercanas a los centros de consumo, llevarles instrucción y capacidades, darles acceso a las técnicas y medios de producción y al mercado de sus productos, fue un adelanto notorio y un cambio importante en la cultura del país.
Cuando fueron notorios esta organización y este cambio, y se produjo también un cambio de gobierno y de su decisión de apoyo a una causa orientada a mejorar el país, reaccionaron los representantes de los intereses creados y mediante una contra-reforma disfrazada de instrumento legal, dieron al traste con un esfuerzo para cambiar la situación del campo, que hubiera podido permitirnos adelantar la búsqueda de la verdad en la situación del campo, de la tenencia y de la explotación del recurso tierra, como uno de los la factores básicos en el sector primario de la producción económica y, por ende, del desarrollo y bienestar social de los colombianos.
La situación actual del desplazamiento y de despojo de la tierra mediante la coacción o incluso la muerte, es reflejo palpable de un estado de cosas que no quisiéramos para la patria.
Colombia ha dejado de ser un productor autosuficiente de productos agrícolas y pecuarios para convertirse en importador neto de los mismos. Y no solamente por el aspecto económico, sino también por factores técnicos, de desarrollo, que se han disimulado por el auge en las explotaciones mineras que representan un ingreso de recursos económicos que nos hace en cierta forma olvidar las limitaciones en otros campos de la actividad, sobre todo de los factores primarios de la economía. En los Estados Unidos, país tan avanzado, las exportaciones agrícolas son un factor muy importante en el equilibrio monetario del comercio internacional.
La urgencia que tenemos de buscar para encontrar la verdad del tema agrario, nos lleva a reflexionar, a preguntarnos cuál puede ser en verdad la necesidad o la conveniencia de la propiedad de la tierra.
Paralelo a la presencia de grandes cultivos que permitan efectuar inversiones cuantiosas en busca de eficiencia y mejores rendimientos en la producción, es necesario la existencia de una clase media campesina, localizada no en la periferia, en los límites de la frontera agrícola, sino en las zonas cerca de los centros de consumo y de servicios, de educación y oportunidades de progreso de esa clase campesina con los mismos derechos de igualdad del resto de los ciudadanos, con acceso garantizado a las técnicas de explotación, al crédito, a la seguridad física, al mercadeo, en forma tal de volver a la autosuficiencia en condiciones económicamente viable y que garantice la seguridad alimentaria. Nada puede ser más oneroso para el país que el olvido y el abandono de la vocación agrícola por no considerar y estudiar cuáles son en verdad nuestras conveniencias de un desarrollo económico a la altura de las necesidades y posibilidades actuales.
Sería increíble por decirlo menos que no fuéramos capaces de buscar y encontrar la verdad en el terreno de lo agropecuario. Esto es de verdad el desafío que enfrentamos.